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16 ene 2026
El Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, en representación de los profesionales que trabajan diariamente por la seguridad alimentaria, la sostenibilidad de las producciones agrarias y la cohesión del medio rural, desea trasladar su posicionamiento ante los acuerdos comerciales alcanzados entre la Unión Europea y los países del Mercosur.
Desde esta institución entendemos que la política comercial forma parte de la acción exterior de la Unión Europea y puede constituir una herramienta de cooperación y desarrollo mutuo. No obstante, dichos acuerdos deben diseñarse y aplicarse desde una perspectiva de equilibrio, responsabilidad y coherencia con las políticas agrarias, ambientales y climáticas que la propia Unión exige a sus Estados miembros.
El Consejo General considera imprescindible subrayar que el sector agrario europeo opera bajo un marco normativo extraordinariamente exigente en materia de seguridad alimentaria, sanidad vegetal y animal, uso de productos fitosanitarios, bienestar animal, protección del medio ambiente y trazabilidad. Estas obligaciones suponen un esfuerzo adicional para agricultores y ganaderos, que no puede verse neutralizado por la entrada en el mercado comunitario de productos procedentes de terceros países que no estén sujetos a idénticas condiciones.
Por ello, esta corporación defiende que la apertura comercial solo puede ser aceptable si se garantiza el principio de reciprocidad normativa plena, de modo que todos los alimentos que accedan al mercado europeo cumplan, sin excepciones, los mismos estándares técnicos, sanitarios, ambientales y sociales que se exigen a las producciones comunitarias. La competencia basada en diferencias regulatorias constituye una forma de competencia desleal y pone en riesgo la viabilidad del sector primario europeo.
En este contexto, el Consejo General reclama el refuerzo de los sistemas de control e inspección en origen, así como de los controles en frontera, con mecanismos técnicos eficaces, verificables y continuados en el tiempo. Las garantías documentales o los compromisos generales no pueden sustituir a inspecciones reales que aseguren el cumplimiento efectivo de la legislación europea.
Asimismo, esta institución desea poner el acento en la dimensión ambiental y climática de estos acuerdos. La importación de productos agroalimentarios desde países terceros conlleva, en muchos casos, un incremento significativo de la huella de carbono asociada al transporte, así como impactos indirectos sobre ecosistemas sensibles, deforestación y pérdida de biodiversidad. Resulta incoherente exigir a los productores europeos una reducción constante de emisiones, un uso racional de los recursos naturales y una transición hacia modelos más sostenibles, mientras se permite la entrada de producciones que no acrediten estándares ambientales equivalentes.
El Consejo General considera imprescindible que los acuerdos comerciales incorporen evaluaciones ambientales rigurosas, criterios de sostenibilidad verificables y mecanismos correctores cuando se detecten impactos negativos sobre el clima, los ecosistemas o el medio rural europeo.
Igualmente, se solicita una evaluación realista de los impactos socioeconómicos de estos acuerdos en los territorios rurales, especialmente en sectores estratégicos y zonas vulnerables, donde la presión de importaciones a bajo coste puede traducirse en pérdida de rentabilidad, abandono de explotaciones y despoblación.
En consecuencia, el Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España manifiesta:
La agricultura europea no puede ser la variable de ajuste de la política comercial. Garantizar alimentos seguros, sostenibles y producidos bajo estándares elevados es una responsabilidad colectiva que debe preservarse en cualquier acuerdo internacional.
Carlos Gutiérrez Presidente CGCOITAE
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