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Marta Gómez: “La protección ambiental y la actividad económica en el medio rural pueden coexistir, pero actualmente no hay equilibrio entre ambas”

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11
jul
2023

Marta Gómez: “La protección ambiental y la actividad económica en el medio rural pueden coexistir, pero actualmente no hay equilibrio entre ambas”

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Socia-directiva de AdEdMA Consultoría y Servicios, SL. Colegiada del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales de Catalunya (CETAFC).

Marta Gómez es Ingeniera Agrícola y está al frente de su propio gabinete de ingeniería en Barcelona. Además, tiene una gran visión, y cuando apenas se atisbaba que dentro del área del urbanismo los Ingenieros Agrícolas podían tener un papel primordial elaborando los estudios medioambientales, allá que fue, y le ha salido muy bien. 20 años después de ese salto casi sin red, esa es su especialidad, y se pelea los informes no solo en el sector privado sino también en la administración, ya que es la representante del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales de Cataluña, del que es colegiada, en las Comisiones Territoriales de Urbanismo de Cataluña, donde han demostrado que los Ingenieros Agrícolas tienen unos conocimientos del medio rural y de sus actividades económicas que otros profesionales no pueden suplir.

Crítica con la sobreprotección de los suelos rústicos, defiende que el medio rural solo tendrá futuro si se pueden desarrollar en él actividades económicas, algo que a día de hoy, nos cuenta, complica mucho la normativa. Hemos hablado largo y tendido con Marta de estos temas y de su experiencia como mujer ingeniera en el sector de las obras y el urbanismo. Os dejamos con ella.

¿Hay que tener el espíritu guerrero en forma siendo una Ingeniera Agrícola especializada en temas de urbanismo? ¿Cómo se incorporó a esa área de trabajo?

Sin duda hay que tener un espíritu guerrero e innovador cuando decides abrirte camino en un sector que se ha asociado exclusivamente a arquitectos, hasta hace pocos años.

Me dedico a temas urbanísticos a raíz de un cambio legislativo en algunas comunidades autónomas, el cual me hizo plantear una nueva vía profesional a explorar y en la que los Ingenieros Agrícolas teníamos mucho que aportar.

En el año 2002 hubo un cambio legislativo en algunas comunidades autónomas debido a la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio del 2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre el medio ambiente. Previamente a la transposición a la legislación básica estatal de la Directiva, algunas comunidades autónomas modificaron su legislación urbanística y establecieron la obligatoriedad de formular informes ambientales en el desarrollo de planes urbanísticos ya en el año 2002. En el año 2003 un ayuntamiento nos contrató uno de estos informes, sin haber nada de experiencia, ni guías ni reglamentos. Decidí buscar ejemplos en otros países como Francia, que ya habían desarrollado legislación específica al respecto y entonces me aventuré con mi primer informe. Y de allí vinieron más.

En el año 2005 decidí abrir un nuevo departamento de evaluación ambiental de planes urbanísticos en la consultoría-ingeniería de la cual soy socio-directiva desde 1997 (AdEdMA Consultoría y Servicios, SL). Para ello contraté nuevo personal que debía formar y también decidí complementar mi formación cursando un postgrado en urbanismo en el Colegio de Arquitectos de Cataluña.

Posteriormente, y con un retraso considerable, se efectuó la transposición a la legislación básica estatal de la Directiva 2001/42 mediante la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Esto nos precipitó de forma considerable la demanda de estos trabajos y también la colaboración con despachos de arquitectos para la elaboración de planeamiento general urbanístico municipal. El suelo rústico era el gran desconocido para los arquitectos y, en cambio, es donde un Ingeniero Agrícola tiene mucho que aportar.

A priori puede parecer el binomio perfecto, y desde un punto de vista teórico lo es, pero la realidad es que hay que lidiar mucho en un sector en el cual no se ha valorado nuestra aportación como Ingenieros Agrícolas hasta hace pocos años. La primera dificultad a la que me enfrenté fue resolver si podíamos los ITAs firmar planes urbanísticos y cuáles.

En los primeros Planes Especiales Urbanísticos en suelo rústico que elaboré en las comunidades autónomas de Andalucía y Cataluña tuve que demostrar que tenía capacitación profesional para firmarlos, para mí no había duda pues era planeamiento urbanístico del suelo rural.

Una vez firmados y aprobados, los primeros sirvieron para demostrar ante otras administraciones que sí: un Ingeniero Agrícola puede y tiene la capacitación para firmar estos documentos. Esto abrió muchos caminos aunque aún hoy en día y en según en qué territorio, se vuelve a poner en duda. También hubo que batallar con los despachos de arquitectos en los primeros años, fue una contienda continua pues ellos no estaban a favor de la evaluación ambiental de planes (la consideraban innecesaria) y no entendían lo que los ITAs podíamos aportar. Tras casi 20 años ya se nos reconoce en el sector urbanístico, sobre todo cuando nos asocian a las actividades agropecuarias del mismo, y también al conocimiento del medio rural.

¿Cuáles son los principales problemas que soluciona con su labor profesional a sus clientes?

Básicamente tramitar licencias de instalaciones, actividades y planes urbanísticos en medio rural, así como estudios de impacto ambiental, evaluaciones ambientales de planes y programas y estudios de paisaje en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.

Nuestros clientes son administraciones públicas provinciales, autonómicas y municipales que necesitan regular usos en el medio rural y también promotores privados que requieren ampliar o hacer nuevas instalaciones o actividades varias, tanto aquellas que son de interés público (en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable), como aquellas que corresponden a explotaciones agropecuarias y forestales. Todas estas actuaciones requieren tramitar y elaborar documentos urbanísticos y ambientales de diferente índole.

Las legislaciones autonómicas ambientales y urbanísticas exigen diferente documentación y trámites, y en ello me he especializado. Todas tienen algo en común lógicamente (la legislación estatal base), pero hay muchas particularidades que se deben conocer. Trabajar en las diferentes comunidades da una mira muy amplia y diversa.

Ahora mismo, ¿existe equilibrio entre la actividad en el medio rural y el medio ambiente en nuestro país?

Actualmente hay muchísimas trabas administrativas en lo que respecta a las actividades que se ubican en medio rural (suelo no urbanizable), pues la legislación urbanística y ambiental es mucho más restrictiva en esta clase de suelo de lo que era hace 30 años. Cabe decir que en el año 2011 hubo cambios legislativos para poder reactivar la economía de las actividades en medio rural a raíz de la crisis económica del 2009 y, de igual forma, hubo cambios legislativos en los años 2020 y 2021 para reactivar la economía a raíz de la crisis económica que también generó el COVID19.

Dichos cambios legislativos consistieron, básicamente en ambos casos, en simplificar los trámites administrativos para las actividades económicas, entre ellas las que se emplazan en medio rural como las agropecuarias, las de interés público y las telecomunicaciones.

El suelo no urbanizable ha pasado de ser un ámbito “residual” en los planeamientos urbanísticos a estar sobreprotegido, tanto a nivel municipal como autonómico. Ello conlleva en algunas ocasiones que las actividades económicas que se desarrollan en medio rural no tengan viabilidad económica.

No hay equilibrio entre la actividad en el medio rural y la protección ambiental del medio rural. Ambas pueden coexistir sin ningún problema, pero la legislación favorece claramente una respecto a la otra. Hay que preservar los espacios de especial interés natural, sin duda, pero estos no ocupan todo el medio rural y además se pueden y se deben buscar las compatibilidades con los usos a permitir. No es lógico que un plan urbanístico no permita ninguna actuación, ni tan siquiera de interés público en las diferentes categorías de suelo no urbanizable, ¿qué pasa con las explotaciones agrícolas y ganaderas?

El medio rural no se puede preservar si las actividades que en él se desarrollan no tienen futuro.

A menudo, las explotaciones agrícolas o pecuarias requieren ampliaciones para poder ser competitivas económicamente, o para adaptarse a las nuevas legislaciones, y se encuentran con que no está permitida dicha ampliación o se requieren trámites urbanísticos y ambientales que suponen tiempos larguísimos de espera hasta obtener la licencia municipal correspondiente. Todo esto ahoga en ocasiones la actividad del medio rural.

¿Qué autonomía considera que lo está haciendo mejor a nivel normativo para la gestión del suelo rústico y por qué? ¿Y a la que le diría que tomase ejemplo de la que lo está haciendo mejor y por qué?

Hay comunidades autónomas con una legislación urbanística y ambiental muy rígida y restrictiva en lo que respecta al medio rural y que exigen muchos más trámites ambientales y/o urbanísticos para las actuaciones o instalaciones en suelo rústico. Ello puede comportar el abandono de actividades o instalaciones. Andalucía, Navarra y Cataluña han sido comunidades históricamente pioneras en medio ambiente, pero en algunos casos ello también ha comportado una exageración de trámites administrativos en actuaciones o instalaciones en el medio rural.

Por otro lado, hay comunidades autónomas que no tienen requerimientos específicos de trámites ambientales y urbanísticos en el medio rural, más allá de los que establece la legislación básica estatal.

A partir de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se homogeneizaron bastante las normativas autonómicas. Pero sigue habiendo diferencias. Por otro lado, las comunidades que son pioneras cuando han querido reactivar economías concretas han apostado por una simplificación administrativa de trámites, reconociendo de alguna forma que el exceso de trámites comportaba trabas al desarrollo económico. La situación actual sigue siendo desfavorable al desarrollo económico del medio rural, pero es un escenario más favorable que hace 10 años atrás.

En mi opinión, no se trata de tomar ejemplos de unas comunidades a otras sino de ser capaces de establecer una normativa que simplifique mucho más la tramitación y a su vez sea capaz de preservar los valores del medio rural y de potenciar la economía. La asignatura pendiente de todas las comunidades es ser capaces de buscar equilibrios y de establecer normativas coherentes.

¿Qué reto/s tiene ahora mismo el sector en el que trabaja?

Actualmente, el vertiginoso desarrollo de la implantación de parques solares fotovoltaicos e instalaciones eólicas va por delante de la regulación urbanística y ambiental.

Este es un gran reto a superar como país: tener en cuenta el cambio climático, la necesidad de implantación de energías renovables en el territorio y permitir la necesaria implantación de este tipo de instalaciones en el medio rural, a la par que proteger el territorio con valores (biodiversidad, patrimonio natural, fauna, paisaje, etc.). Este es un gran desafío normativo de país, que actualmente no tenemos resuelto y está suponiendo una carrera de obstáculos.

En el año 2021, solo tres comunidades contaban con una ley específica enfocada en el cambio climático: Baleares, Cataluña y Andalucía. Otras como Aragón, Asturias, Canarias, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y País Vasco, fueron las que les siguieron.

La administración local, como administración próxima y receptiva a cualquier demanda ciudadana, suele protagonizar acciones que en muchos casos han sido pioneras en el desarrollo de políticas ambientales, que se han visto avaladas por reformas normativas. Es decir, la falta de regulación normativa lleva a las administraciones locales a tener que implantar soluciones sin normativa de referencia y ello, posteriormente, conlleva al desarrollo de esa normativa.

Actualmente se ha regulado la implantación de instalaciones, a nivel de obtención de licencias. Falta regular la ordenación de estos usos en los territorios, lo que comportará el equilibrio entre la implantación de energías renovables y la preservación de espacios con especial valor.

Esta situación me ha llevado a un reto profesional, pues algunas administraciones municipales demandan tener regulados estos usos para evitar una implantación descontrolada de instalaciones de producción de energía a partir de fuentes renovables en su territorio. Para ello, vimos muy oportuno idear cómo establecer mapas de capacidad de carga de los territorios de la implantación de renovables, basándonos en las pocas limitaciones que a nivel genérico marcan algunas legislaciones de cambio climático. Los mapas de capacidad de carga que hemos ido elaborando a lo largo de los dos últimos años (desde las primeras leyes de cambio climático autonómicas que surgieron) nos permiten ordenar el suelo municipal respecto a la implantación de renovables preservando también el territorio.

Tras mucho trabajo, su colegio profesional, el CETAFC, consiguió tener representación en la sección de suelo no urbanizable de la comisión de urbanismo territorial de Cataluña, y usted es su representante en este foro ¿Qué aporta la visión de los Ingenieros Agrícolas en esta área? ¿Qué logros han conseguido?

Desde el año 2011 estuvimos trabajando muy duro como Colegio, mediante escritos y numerosas reuniones, solicitando al Departamento de Territorio y Urbanismo de Cataluña ser miembros de las Comisiones Territoriales de Urbanismo para poder tener voz y voto en las mismas. Otros colegios profesionales ya formaban parte de estas comisiones y no entendíamos por qué un colegio que representa la máxima actividad económica en el medio rural no tenía representación.

Desde el año 2020 nuestro Colegio es miembro de dos Comisiones Territoriales de Urbanismo de Cataluña y con el tiempo hemos podido ir demostrando que un Colegio como el nuestro tiene unos conocimientos del medio rural y de las actividades económicas agrícolas y ganaderas que otros colegios no pueden suplir, y que resultan imprescindibles en urbanismo. Nuestra utilidad y credibilidad se ha ido viendo reconocida hasta el punto de que en el año 2022 la propia comunidad autónoma creó secciones especialistas del Suelo No Urbanizable y directamente contó con nosotros como Colegio para formar parte de estas secciones con voz y voto, además de continuar como miembros de las Comisiones Territoriales.

Con todo ello, la visibilidad y representatividad de nuestro Colegio en el ámbito urbanístico es significativa hoy en día en el Departamento de Urbanismo de Cataluña. Queda mucho trabajo por hacer, pero hemos conseguido importantes logros en los últimos 3 años. Hemos logrado que expedientes de actividades agropecuarias, que se habrían rechazado, fueran consideradas en su real dimensión, considerando sus necesidades por encima de parámetros exclusivamente urbanísticos que no es lógico aplicarles y fueran aceptadas. De igual forma lo hemos logrado con otro tipo de instalaciones en el medio rural.

Mujer e ingeniera. ¿Cómo se integra este combo en el contexto actual? ¿Cuál es su experiencia?

Mi experiencia como mujer e ingeniera es bastante dura, tanto en el ámbito de las obras como en el del urbanismo. Es constante tener que demostrar, antes de empezar, que tienes suficientes conocimientos y experiencia. Por suerte los años me han ido dando muchas tablas y la experiencia, obviamente, es un grado, pero aún hoy en día cuando hay contratistas o clientes nuevos tengo siempre que primero romper esa barrera y ‘demostrar’ que soy capaz y experta en ese ámbito. Hace años, mis socios incluso me acompañaban a reuniones con la administración en temas que no eran de su competencia (ellos no son ITAs) para que el cliente tuviera confianza en esa primera reunión.

Siempre he sido pionera y para mí esto ha sido un reto, pero no debería ser así. A un hombre ingeniero se le suponen previamente sus conocimientos. No quiero parecer exagerada, pero las mujeres ingenieras que lo han vivido saben que es así.

Por suerte en la administración hay muchas mujeres ingenieras y eso ayuda positivamente. El trabajo más duro es abrirse camino como profesional.

¿Desde cuándo está colegiada? ¿Qué es lo que más le motivó a hacerlo?

No recuerdo exactamente, tendría que preguntarlo al CETAFC, pero más de 15 años. Llevaba años trabajando cuando decidí colegiarme como ITA y lo hice porque el CETAFC me ofrecía un asesoramiento en unos temas profesionales que nunca había trabajado. Me abrió muchas puertas.

Usted es una colegiada activa, ¿qué papel desempeña en el CETAFC?

En el año 2013 como Colegio optamos por formar una Comisión conjunta de los 4 colegios de Cataluña de ingenieros agrícolas, agrónomos, forestales y montes, los cuales compartimos que nuestro ámbito profesional es la ingeniería y el medio rural. Ello nos permitió poder formar parte de la Ponencia del Suelo No Urbanizable de Cataluña (actualmente este organismo ya no existe) y tener voz en los expedientes que en ella se trataban.

Posteriormente esta comisión de los 4 colegios dejó de ser activa y junto con otros colegiados del CETAFC decidimos crear la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del CETAFC en el año 2016.

Mi papel en el CETAF ha sido siempre el de una colegiada que, más allá de su propia actividad profesional, trata de potenciar y promocionar desde el mismo Colegio nuestro papel en el ámbito ambiental y urbanístico como profesionales que somos de este sector. También he colaborado impartiendo formación.

La colegiación es obligatoria, pero no todos los ITA lo están. Si usted tuviera delante a alguno de los compañeros que dice ‘yo es que no soy profesional libre’, ‘yo es que encontré trabajo nada más terminar la carrera’, que son las razones habituales que muchos comentan para no estar colegiado, ¿qué le diría?

Colegiarse tiene muchísimas ventajas, la de buscar trabajo o tener acceso a ofertas es una más, pero para mí no la más importante.

El Colegio es un apoyo imprescindible para cualquier profesional, sobre todo porque permite visibilizarnos como profesionales en nuestra sociedad.

El Colegio defiende a sus colegiados del intrusismo profesional enfrente de otras profesiones.

La formación es fundamental y ha de ser constante en nuestro día a día profesional. Un buen ingeniero nunca ha de cesar su formación y este apoyo te lo da el Colegio con jornadas y formación específica.

El Colegio también facilita poder compartir con otros colegas nuestras experiencias, contribuyendo a nuestro desarrollo profesional.

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