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Información sobre sentencias relativas a distribución de competencias en materia de Colegios Profesionales

Dos sentencias del  Tribunal Constitucional (en adelante, TC), que fueron objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de fecha 1 de julio de 2017 (número 156), se pronuncian sobre la adecuación al orden constitucional de competencias de dos legislaciones autonómicas: la Ley 10/1999, de 26 de mayo, de creación de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha (STC 69/2017), y la Ley 1/2010, del Parlamento de Galicia, de modificación de diversas leyes de Galicia para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE -Directiva SIM- (STC 62/2017):

-La STC 69/2017 se pronuncia en resolución de una cuestión de inconstitucionalidad interpuesta contra el art. 8 de la citada Ley 10/1999, y, siguiendo la jurisprudencia consolidada del TC, declara como inconstitucionalidad y nulo el inciso de ese precepto sobre exención de colegiación de funcionarios, según el cual no será obligatoria tal “ni para la realización de actividades propias de la correspondiente profesión por cuenta de aquéllas, ni cuando el destinatario inmediato de las mismas sea exclusivamente la Administración”.

Se trata de una sentencia del TC que viene a abundar en la ya conocida doctrina sobre inconstitucionalidad de excepciones establecidas en leyes autonómicas a la colegiación obligatoria de empleados públicos, por vulnerar la legislación básica estatal, que ya se fijó en sentencias anteriores y recientes sobre disposiciones similares de otras leyes autonómicas (Andalucía –STC 17 de enero de 2013 y 14 de marzo de 2013-, Asturias –STC  28 de febrero de 2013-, Extremadura –STC 28 de febrero de 2013-, Canarias –STC 23 de mayo de 2013- o País Vasco -STC 22 de septiembre de 2014).

-Mayor interés y carácter novedoso presenta la STC 62/2017, pronunciada en resolución de recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno contra varios preceptos de la mencionada Ley 1/2010, que, entre otras, modificó la Ley 11/2001, de 18 de septiembre, de Colegios Profesionales de Galicia, y varias leyes gallegas de creación de Colegios Profesionales.

La sentencia se pronuncia sobre tres bloques de preceptos, que declara nulos e inconstitucionales:

  • El que se refiere a la exigencia de una comunicación previa específica a los profesionales comunitarios desplazados temporalmente para el ejercicio profesional en Galicia, que el TC declara inconstitucional y nula al estimar que contradice la legislación básica estatal, en la medida en que aquélla ha previsto que basta una única comunicación para ejercer en todo el territorio nacional y no admite la exigencia de comunicaciones previas adicionales para ejercer en una parte del territorio.

 

  • El que se refiere a la colegiación obligatoria de profesionales al servicio de las administraciones públicas referida a los profesionales sanitarios, que no presenta novedad alguna por ese motivo, declara su inconstitucionalidad en la medida en que corresponde a la competencia básica del Estado el establecimiento de los supuestos de colegiación obligatoria, que el legislador autonómico habría venido a desconocer al establecer la colegiación obligatoria para los profesionales médicos y demás profesionales de la salud al servicio de las Administraciones Públicas cuyas funciones comprendan la realización de actos profesionales que tengan como destinatarios inmediatos a los usuarios del Sistema Público de Salud de Galicia, así como también para el ejercicio de la actividad privada en la disposición impugnada.

 

  • El que se refiere al régimen del visado colegial. Es especialmente relevante la declaración que efectúa el TC, para fundar su resolución y aplicar su doctrina previa sobre el orden constitucional de distribución de competencias en materia de colegios profesionales, en el sentido de que la función de visado colegial se debe entender comprendida entre las funciones públicas de la institución colegial, lo que permite afirmar el carácter básico de la regulación de los visados en tanto que función atribuida a los Colegios en la competencia del Estado del art. 149.1.18ª CE.

 

De conformidad con ello, se declara nulo el inciso sobre posibilidad de que el visado obligatorio “lo impongan las leyes” (la legislación básica establece que lo impondrá un Real Decreto estatal, no dando margen a que lo hagan leyes autonómicas), también el inciso sobre contenido mínimo del visado colegial, en el sentido de que no incluye la previsión de legislación básica (art. 13.2 de la Ley 2/1974 estatal) de que se excluye del visado (“tampoco comprenderá”) “el control técnico de los elementos facultativos del trabajo profesional”), y, finalmente, el referido al régimen de responsabilidad aplicable al ejercicio de la función de visado, por tratarse de una reproducción parcial de la norma básica estatal que omite uno de los requisitos necesarios para que proceda la responsabilidad subsidiaria colegial, ex art. 13.3 de la Ley 2/1974, que es la exigencia de que los daños “guarden relación directa con los elementos que se han visado en ese trabajo concreto”, omitida por la ley autonómica.

 

Los enlaces en internet de las citadas sentencias son los siguientes:

 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7638.pdf

 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7645.pdf